Autopistas en riesgo de quiebra

 

Blanco se juega 3.513 millones por las autopistas en riesgo de quiebra.

Los Ministerios de Economía y de Fomento tienen una bomba de relojería bajo sus pies a punto de estallar. Diez autopistas de peaje en España atraviesan una delicada situación financiera que en el plazo de seis meses podría desembocar en una cascada de suspensiones de pagos con graves consecuencias sobre las arcas del Estado.

Según fuentes próximas a las sociedades concesionarias, esta decena de peajes controlados, en su mayoría, por los grandes grupos de construcción nacionales, podría declararse insolvente en cuestión de meses, lo que activaría garantías contractuales del Estado por valor de 3.513 millones de euros.

Garantías
Estas garantías, conocidas como Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es lo que, hasta ahora, ha facilitado la financiación bancaria de los diez proyectos adjudicados por el Gobierno en los últimos diez años. La cláusula se activa cuando la sociedad entra en insolvencia, lo que genera, automáticamente, un pago del Estado para garantizar la recuperación de la inversión.

Esa factura asciende a 3.513 millones de euros. “Probablemente, éste es uno de los retos económicos más difíciles del Gobierno a corto plazo y, a día de hoy, no hay ninguna alternativa sobre la mesa”, asegura uno de los accionistas comprometidos por esta delicada situación.

Entre las sociedades afectadas figuran todas las autopistas de Madrid (R2, R4, R3 y R5, el Eje Aeropuerto y el corredor entre Madrid y Toledo), el corredor gallego Santiago-Ourense (Acega) y varios peajes en Levante: la circunvalación de Alicante, la conexión Cartagena-Vera y el enlace entre Alicante y Cartagena. En todas las empresas se repite el mismo patrón.

Se trata de autopistas con una baja intensidad de trafico, por lo que no cumplen con la previsión inicial de ingresos. Entre las diez acumulan una deuda con los bancos en el entorno de los 3.000 millones de euros, imposible de refinanciar en las condiciones actuales. La puntilla la ha dado el Tribunal Supremo al dictar sentencias a favor de los propietarios de suelo expropiado para construir los corredores de pago. El sobrecoste de esta decisión asciende a 1.720 millones de euros.

“El Gobierno se comprometió a encontrar una solución que, a día de hoy, sigue siendo un secreto. En estas circunstancias, es probable que en abril la concesión se declare insolvente”, asegura uno de los accionistas que participa en la explotación de las radiales de Madrid.

En su opinión, el incumplimiento del Gobierno es doble, ya que la solución pactada hace un año para atender los sobrecostes de las expropiaciones de suelo tampoco funciona. El acuerdo consistía en la entrega de préstamos participativos del Estado en condiciones muy favorables en función de un umbral de costes establecido por ley. Según las empresas, entre 2010 y 2011 los compromisos de pago por este capítulo ascienden a 700 millones “y los Presupuestos Generales del Estado de 2011 sólo recogen una partida de 150 millones”.

Infraestructura clave
La prueba del algodón es la concesionaria Accesos de Madrid (ACS, Globalvía, Abertis y Sacyr), que explota las radiales R3 y R5. Tiene que pagar 300 millones de euros por expropiaciones y hacer frente a una refinanciación de 600 millones.

La compañía realizará en abril un test de solvencia y no tiene medios para superarlo, ya que sus accionistas no están dispuestos a seguir inyectando recursos “ante tanta inseguridad jurídica”. Para los promotores, que han agotado todas las vías de comunicación con el Gobierno sin éxito, lo más urgente es que “el Ejecutivo restablezca la confianza entre los inversores y acreedores”, ya que los bancos han puesto el negocio en máxima vigilancia. “En un contexto general en el que vuelve a circular el capital para este tipo de infraestructuras, España ha perdido todo su atractivo”.