O al menos así parece. El pasado 24 de enero, un alto cargo científico del Gobierno británico afirmó que “es imperativa una reacción urgente al sistema global de suministro de alimentos”. Lo dijo durante la presentación de un informe suscrito por cientos de científicos que concluía con una “alarma sin paliativos tanto para las autoridades presentes y futuras sobre las consecuencias de una inacción; el sistema de producción de alimentos debe encabezar las agendas políticas de todo el mundo”.
Los políticos aseguran que están dispuesto a ello. “Si no hacemos nada”, afirmaba el mismo día el presidente francés, Nicolas Sarkozy, “corremos el riesgo de revueltas en los países más pobres y consecuencias muy negativas en el crecimiento económico mundial”.
Las empresas también se muestran receptivas. Durante la reunión de Davos, un grupo de compañías de la industria alimentaria proclamaron unánimemente: “El mundo necesita abordar la agricultura de otra forma”. Prometieron trabajar junto a granjeros y autoridades políticas para impulsar las exportaciones agrarias, reducir las emisiones contaminantes y rebajar la pobreza en las zonas rurales. Cada una de ellas un 20% al año, en una sorprendente coincidencia de previsiones.
No obstante, entre todo este ambiente de urgencia renovadora se esconde un gran miedo: que los políticos se muestren tan volátiles en el asunto alimentario como lo han hecho en ocasiones pasadas. Los primeros en decir que la alimentación mundial precisaba de más atención no fueron políticos, científicos o empresarios. Eran colaboradores humanitarios de la Gates Foundation, una organización dedicada a labores sanitarias. En 2006 comenzó a financiar investigaciones agrarias, mucho antes del alza de los precios.
“Nos dimos cuenta de que no podías mejorar asuntos de la salud sin antes solucionar los del hambre y la pobreza”, afirma Prabhu Pingali, miembro de la fundación.
En una reunión en Italia en 2009, los ocho países más ricos del planeta prometieron emplear 20.000 millones de euros (15.000 millones de euros) durante tres años para garantizar el desarrollo alimentario y agrario. Eso condujo a la creación en abril de 2010 del Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP, en sus siglas en inglés).
Los donantes prometieron 900 millones de dólares, más de la mitad de ellos provenientes de EEUU. Esas promesas representaban el intento de los países ricos por liderar una nueva revolución verde y combatir la pobreza en el mundo. Pero ahora ese proyecto está siendo cuestionado. Tras aumentar durante la segunda mitad de 2010, los precios de los alimentos han superado esta semana su máximo de 2008. Pero hasta la fecha, los políticos no han estado a la altura de las circunstancias.
En noviembre, veinte países pobres enviaron sus peticiones al GAFSP respecto a proyectos valorados en 1.000 millones de dólares. Sólo tres de ellos consiguieron algo, lo cual no fue ninguna sorpresa. EEUU sólo ha repartido 67 de los 475 millones prometidos. El Congreso ha bloqueado la solicitud del presidente de ampliar las partidas, y parece que ha sido torpedeado el intento de cambiar la naturaleza de las partidas estadounidenses contra el Sida para convertirlas en inversiones a largo plazo.
Dos docenas de agencias de cooperación alertaron recientemente a Obama del “gran riesgo” que supondría la eliminación del GAFSP. Otros países también están faltando a su palabra. Menos de un tercio de los 20.000 millones prometidos para desarrollo agrario son fondos nuevos, y gran parte de ellos aún no han llegado a su destino.
Otra de las grandes causas del aumento de los precios alimentarios es la prohibición de exportaciones. El G20 ha pedido a Rusia que estudia la manera de bloquear dichas prohibiciones. Pero Rusia es uno de los principales culpables. No sorprende demasiado que los científicos y los empresarios estén dando la alarma sobre la alimentación del mundo.
“Me gustaría creer que la agricultura es ahora una prioridad política”, afirma Dan Glickman, antiguo miembro del departamento agrario de EEUU. “Pero no lo creo. Necesitamos un liderazgo por parte de gobiernos, ONG y empresas privadas. Pero los grandes recursos proceden de los gobiernos, y eso ahora es muy complicado”, admite.
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