Parecía que nunca iba a llegar, pero el Pleno del Congreso dio luz verde definitivamente este jueves a la nueva reforma del mercado de trabajo, la sexta desde 1984, y la más controvertida, ya que tan sólo la fuerza política del PSOE respalda un texto controvertido que impone cambios en el mundo laboral. Esta guía resume las principales.
- Mi empresa va mal, ¿cuál será mi indemnización por despido?
El nuevo marco legal clarifica las causas económicas a las que se puede agarrar una empresa para acogerse al despido por causas objetivas. Esto significa, en la práctica, que las compañías que demuestren tener una mala situación financiera indemnizarán al trabajador con 20 días de salario por año trabajado. Hasta ahora, para las sociedades era muy difícil demostrar la enfermedad de su negocio. La nueva ley avanza algunos pasos y le dice al juez que aquellas empresas con “pérdidas actuales o previstas” o con “una persistente caída de ingresos” tienen derecho a abonar una indemnización menor de la habitual: en España, los trabajadores fijos expulsados se van a casa con 45 días de salario por año trabajado.
- Acabo de licenciarme, ¿cómo me afecta a mí la reforma?
Para las nuevas generaciones el cambio es sustancioso, porque la nueva norma generaliza el contrato de fomento del empleo, una modalidad que hasta ahora venía aplicándose sólo a perfiles con dificultades para encontrar empleo (mujeres, parados de larga duración, etc) . ¿Por qué era así? Pues porque contempla un coste de despido más barato –de 33 días de salario por año en activo–. Con este guiño, introducido en 1997, se pensada que los empresarios se animarían a contratar a más personas: si el negocio luego fracasaba, no tendrían que asumir tantos gastos.
Lo que busca la reforma es extender este contrato y que además de parados mayores o mujeres también se aplique a trabajadores de entre 31 y 45 años. En definitiva: los nuevos contratos fijos que se celebren a partir de la entrada en vigor de la reforma nada tendrán que ver con los contratos indefinidos de antaño, que mantienen su derecho a cobrar una indemnización de 45 días por año, en caso de despido.
- Llevo más de treinta años en mi empresa, ¿me van a recortar el coste del despido?
Como se ha apuntado en la pregunta anterior, sólo se pagarán 33 días por año trabajador a los nuevos empleados que entren en el mercado laboral, no a los que ya están dentro de él. Así, los nueve millones de trabajadores veteranos –que ya han metido cabeza en el mundo laboral–no se verán afectados por esto.
- ¿Y qué cambios notará la empresa en todo esto?
Difícil respuesta. El cierre de negocios ha sido masivo este año pero, de todos modos, las compañías que aún tengan necesidad de incorporar trabajadores podrán elegir entre hacer un contrato fijo ordinario o uno de fomento, más ventajoso.
- ¿Se ayudará a las empresas a despedir con subvenciones?
La reforma incluye que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague ocho días de las indemnizaciones de despido por causas objetivas, tanto en los contratos ordinarios (de 45 días), como de fomento del empleo (33 días), así como el mismo abono para los despidos colectivos objetivos (de 20 días). Pero hay que tener en cuenta que son las propias compañías las que nutren la macro hucha del Fogasa, de modo que se dará la paradoja, como ya han señalado los abogados expertos en la materia, que unas empresas subvencionen a otras. En la práctica, dicen, esto generará polémicas porque la compañía A (que no tiene previsto despedir) acabará pagando las expulsiones que se produzcan en otra B, que puede ser competencia directa suya.
- ¿Cómo quedan regulados los contratos temporales?
Éste es un punto controvertido de la reforma. La ley que ahora se estrena aumenta las indemnizaciones por despido en estas contrataciones, actualmente en ocho días por año trabajado, hasta los 12 días, a partir de 2015. Precisamente porque la contratación eventual es la más usada en sectores clave para la economía española –gran dependiente del turismo y la hostelería–, el gobernador del Banco de España alertó en su día de que había que tener “ojo con tocar la contratación temporal”. Miguel Ángel Fernández Ordóñez avisaba, así, de las consecuencias negativas de penalizar la única vía de entrada al mercado laboral
- Estoy en el paro y el Inem no me ha llamado para hacer ningún curso ¿me quitarán la prestación?
No hay motivos. Es cierto que la reforma recoge que los desempleados podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo superior a 30 días (antes el periodo de gracia era de 100 días). No es nada raro que los Servicios Públicos de Empleo no se pongan en contacto con un parado inscrito en sus listas (no hay ofertas), motivo por el que los expertos dudan de qué efectos prácticos tendrá esta nueva medida. A esto se une que el antiguo Inem tiene muy poca capacidad para recolocar a gente –lo hace con el 2,4% de los parados alistados, según datos de Afi-Agett referidos al primer semestre–, así que parece que las sanciones tampoco llegarán por este lado.
- ¿Qué más cambios entrarán en vigor este otoño?
El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley Reguladora del Procedimiento Laboral, que unificará en los Juzgados de lo Social todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los juzgados civiles o contencioso-administrativos. De esta forma, se pretende descargar de trabajo a estos tribunales, de modo que se resuelvan con mayor eficacia los pleitos laborales.
Por otro lado, ante un caso de acoso laboral se da a la víctima a elegir, entre denunciar a la empresa, solamente, o también al malechor. Justicia defiende que se hace así para dar seguridad a la víctima.
Otros cambios
1. El subsidio especial de 426 para quienes hayan agotado su prestación se ha prorrogado. Estará en vigor desde el 16 de agosto hasta el 15 de febrero del próximo año.
2. Eso sí, no podrán optar a recibir la ayuda alrededor de 70.000 personas de entre 30 y 45 años sin personas a su cargo. El Ejecutivo ha limitado la ayuda.
3. Con todo, Trabajo afirma que 220.000 nuevos parados podrán cobrar el subsidio. Hasta ahora el Ejecutivo ha invertido en esta política 1.013 millones de euros.
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